En el sector minero muchos piensan que a partir de este lunes, es
decir pasadas las elecciones, se dejará de hablar de la adjudicación de
la mina de Aznalcóllar, sobre la cual la empresa que perdió el concurso,
Emerita Resources, presentó una denuncia penal que ha llevado a una
investigación judicial muy sonora en estos días de campaña. Está en
juego una inversión de 300 millones de euros, en un sector que se ha
desvelado como de enorme potencial para la creación de empleo y riqueza
en Andalucía, por lo que a la preocupación política se superpone una
económica, dado el alcance del pleito para un proyecto de gran
envergadura. Pero los informes emitidos por los Servicios Jurídicos de
la Junta y, sobre todo, por la Intervención General, parecen despejar
dudas sobre el proceso y sitúan el contencioso en el terreno comercial,
de la pugna entre empresas o, como indican expertos imparciales,
conocedores del caso, el intento de la empresa de recuperar, o no dar
por perdida del todo, la inversión realizada.
Con todo, en los últimos días se ha advertido una mayor prudencia en
los líderes políticos a la hora de valorar la investigación abierta por
la jueza de instrucción n 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que advierte
«graves irregularidades» y hasta dice que no se cumplió «ni el mínimo
requisito» en la adjudicación del yacimiento a la empresa Minorbis-Grupo
México. Han bajado el diapasón de la crítica desde el presidente del
PP-A, Juanma Moreno, que el viernes ya habló de dejar el asunto en el
ámbito judicial, hasta el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, que
incluso descartaba que se trate de un nuevo caso de corrupción política.
También se registró un cambio de tono en los agentes de la Udef que
realizan la investigación judicial. Al comienzo «trataban como
delincuentes» a los primeros funcionarios llamados a declarar, dijeron
fuentes cercanas, pero al poco cambiaron el trato por un riguroso
interrogatorio sobre los procelosos procesos del concurso minero, que se
ajusta a normas diferentes del común de las adjudicaciones, como
confirman expertos conocedores del sector. La Policía ya ha tomado
declaración a seis de los trece funcionarios que intervinieron en la
adjudicación, los miembros de la mesa de contratación, pero la directora
general de Minas, María José Asencio, a quien el auto de la jueza
anunciaba que citaría, no ha recibido comunicación alguna hasta la
fecha.
El auto cayó como una bomba en la Junta, que había presumido de la
transparencia de este proceso, hasta el punto de retransmitir por
'streaming' el momento de la adjudicación. La presidenta en funciones,
Susana Díaz, ordenó paralizarla enseguida, mientras la maquinaria
administrativa se ponía en marcha con urgencia para contrarrestar el
efecto demoledor del auto. Primero fueron los Servicios Jurídicos de la
Junta los que desmontaban los argumentos, como el sometimiento a una
normativa de contratos propia o la no necesidad de pedir documentación
al consulado de España en México, y poco después la Intervención General
de la Junta indicaba que la adjudicación era conforme a derecho.
Una final disputada
El escrito de la Intervención hace un prolijo recorrido por todo el
procedimiento seguido hasta que el 20 de febrero pasado, tras el
análisis del informe de la comisión técnica y teniendo en cuenta la
puntuación obtenida por los licitadores, se propone como adjudicataria a
Minorbis Grupo México, al ser la entidad que mayor puntuación ha
obtenido y asegura que esta empresa «podía acreditar tanto la solvencia
técnica y profesional como la económica o financiera presentando un
documento de compromiso acreditativo de que contaría con los medios de
Grupo México para la ejecución del proyecto minero, si bien la mesa del
concurso tenía que examinar las pruebas aportadas por el licitador».
La Intervención da también explicación a una de las cuestiones que
han levantado dudas, las diferencias entre los dos proyectos, que a
priori parecían favorables a Emerita. El auto de la jueza indicaba que
«pese a que el terreno objeto de concurso se compone de 72 cuadrículas
mineras, en el informe de la comisión técnica, el cálculo respecto a
Minorbis se hace respecto de 53 cuadrículas en lugar de 72, alterando de
esta forma las valoraciones obtenidas».
A ello replica la Intervención que «el presupuesto de inversión
mínimo por cuadrícula minera investigada será de 15.809 euros y deberá
definirse en la propuesta el número de cuadrículas sobre las que se va a
realizar la inversión». Así, precisa que en Emerita, «su presupuesto
total destinado a la explotación asciende a 11.460.083 euros e indican
que, dado que el proyecto cuenta con 72 cuadrículas mineras, la
inversión por cuadrícula minera será de 159.168 euros». Por su parte, en
Minorbis, su presupuesto total es de 7.146.405 euros, siendo 53 las
cuadrículas mineras investigadas, «por lo que la inversión por cada una
de ellas será de 134.838 euros». El concurso se resolvió por el estrecho
margen de 75,9 puntos de Minorbis sobre cien frente a 73,6 puntos de
Emerita.
Tráfico de influencias
El auto judicial hace referencia también a posible tráfico de
influencias y el atestado de la Udef refiere una intervención del
secretario general de Industria, Vicente Jiménez, sobre las empresas
para que fusionaran los proyectos, extremo que éste negó, explicando que
desde la Junta se habían hecho muchas llamadas para dar a conocer el
concurso. No solo los sindicatos de funcionarios han salido en defensa
de los miembros de las mesas de contratación y valoración puestos en
solfa. Fuentes del sector afirman que los altos cargos gozan de muy buen
concepto dentro del sector, tanto por su gestión diaria como por su
apuesta por el desarrollo de la minería y creen que no aceptarían
presiones: «Son técnicos hipercualificados que no juegan con su carrera
profesional y que mandarían a paseo a cualquiera que les pidiera cambiar
un baremo, es gente muy quisquillosa». Incluso Economía mantuvo aislada
a las mesas para que no hubiera dudas.
Tampoco se da peso al argumento acerca de los contratos de Magtel, la
empresa socia local de Grupo México, con la Junta. Magtel tiene una
larga trayectoria durante la que ha recibido ayudas de diferentes
administraciones. La compañía abrió una división minera en 2013.
No así Emerita Resources, constituida en 2012 con sede en Sevilla y
capital canadiense, del fondo de inversión Forbes&Manhattan, y
algunos socios locales, como el grupo Morera Vallejo o un laboratorio
minero. Emerita, que posee licencias mineras para proyectos auríferos en
Extremadura y Asturias, ha hecho un gran esfuerzo por lograr la
concesión y se ha rodeado de profesionales de reconocido prestigio en el
sector. Forbes&Manhattan es una gran firma, con más de cien sedes
en todo el mundo, y se le considera un referente en poner en marcha
proyectos mineros.
Expertos consultados no creen que su intención fuera conseguir la
adjudicación para venderla, pero sí hacen ver que en los procesos de
puesta en marcha de una explotación minera hay muchas fases y los
cambios de titularidad son frecuentes. No obstante, la empresa no suelta
presa y piensa continuar el proceso judicial hasta el final. Su
abogado, Ramón Escudero, pedirá a la jueza que tome declaración a los
representantes de Grupo México, especialmente a Germán Larrea,
presidente del grupo.
Escudero afirma que «Grupo México todavía no ha aparecido por aquí»,
pero fuentes de la empresa indican que mantiene «una postura de respeto
ante el proceso administrativo y de cautela ante el auto ». Grupo México
hizo público un comunicado en el que defendía la legalidad de su
actuación. También piden celeridad los empresarios del sector. Grupo
México está considerada la tercera compañía minera del mundo, una de las
principales productoras de cobre y la cuarta en el conjunto del país
centroamericano. Cotiza en las bolsas de México y Nueva York y se
presenta como empresa líder en transporte e infraestructuras. Tiene
30.000 empleados solo en América.
