UNA INVERSIÓN DE 300 MILLONES EN EL PUNTO DE MIRA  IDEAL.ES

• Emerita Resources no se resigna a perder ante Minorbis-Grupo México el concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar

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En el sector minero muchos piensan que a partir de este lunes, es decir pasadas las elecciones, se dejará de hablar de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, sobre la cual la empresa que perdió el concurso, Emerita Resources, presentó una denuncia penal que ha llevado a una investigación judicial muy sonora en estos días de campaña. Está en juego una inversión de 300 millones de euros, en un sector que se ha desvelado como de enorme potencial para la creación de empleo y riqueza en Andalucía, por lo que a la preocupación política se superpone una económica, dado el alcance del pleito para un proyecto de gran envergadura. Pero los informes emitidos por los Servicios Jurídicos de la Junta y, sobre todo, por la Intervención General, parecen despejar dudas sobre el proceso y sitúan el contencioso en el terreno comercial, de la pugna entre empresas o, como indican expertos imparciales, conocedores del caso, el intento de la empresa de recuperar, o no dar por perdida del todo, la inversión realizada.
Con todo, en los últimos días se ha advertido una mayor prudencia en los líderes políticos a la hora de valorar la investigación abierta por la jueza de instrucción n 3 de Sevilla, Patricia Fernández, que advierte «graves irregularidades» y hasta dice que no se cumplió «ni el mínimo requisito» en la adjudicación del yacimiento a la empresa Minorbis-Grupo México. Han bajado el diapasón de la crítica desde el presidente del PP-A, Juanma Moreno, que el viernes ya habló de dejar el asunto en el ámbito judicial, hasta el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, que incluso descartaba que se trate de un nuevo caso de corrupción política.
También se registró un cambio de tono en los agentes de la Udef que realizan la investigación judicial. Al comienzo «trataban como delincuentes» a los primeros funcionarios llamados a declarar, dijeron fuentes cercanas, pero al poco cambiaron el trato por un riguroso interrogatorio sobre los procelosos procesos del concurso minero, que se ajusta a normas diferentes del común de las adjudicaciones, como confirman expertos conocedores del sector. La Policía ya ha tomado declaración a seis de los trece funcionarios que intervinieron en la adjudicación, los miembros de la mesa de contratación, pero la directora general de Minas, María José Asencio, a quien el auto de la jueza anunciaba que citaría, no ha recibido comunicación alguna hasta la fecha.
El auto cayó como una bomba en la Junta, que había presumido de la transparencia de este proceso, hasta el punto de retransmitir por 'streaming' el momento de la adjudicación. La presidenta en funciones, Susana Díaz, ordenó paralizarla enseguida, mientras la maquinaria administrativa se ponía en marcha con urgencia para contrarrestar el efecto demoledor del auto. Primero fueron los Servicios Jurídicos de la Junta los que desmontaban los argumentos, como el sometimiento a una normativa de contratos propia o la no necesidad de pedir documentación al consulado de España en México, y poco después la Intervención General de la Junta indicaba que la adjudicación era conforme a derecho.

Una final disputada

El escrito de la Intervención hace un prolijo recorrido por todo el procedimiento seguido hasta que el 20 de febrero pasado, tras el análisis del informe de la comisión técnica y teniendo en cuenta la puntuación obtenida por los licitadores, se propone como adjudicataria a Minorbis Grupo México, al ser la entidad que mayor puntuación ha obtenido y asegura que esta empresa «podía acreditar tanto la solvencia técnica y profesional como la económica o financiera presentando un documento de compromiso acreditativo de que contaría con los medios de Grupo México para la ejecución del proyecto minero, si bien la mesa del concurso tenía que examinar las pruebas aportadas por el licitador».
La Intervención da también explicación a una de las cuestiones que han levantado dudas, las diferencias entre los dos proyectos, que a priori parecían favorables a Emerita. El auto de la jueza indicaba que «pese a que el terreno objeto de concurso se compone de 72 cuadrículas mineras, en el informe de la comisión técnica, el cálculo respecto a Minorbis se hace respecto de 53 cuadrículas en lugar de 72, alterando de esta forma las valoraciones obtenidas».
A ello replica la Intervención que «el presupuesto de inversión mínimo por cuadrícula minera investigada será de 15.809 euros y deberá definirse en la propuesta el número de cuadrículas sobre las que se va a realizar la inversión». Así, precisa que en Emerita, «su presupuesto total destinado a la explotación asciende a 11.460.083 euros e indican que, dado que el proyecto cuenta con 72 cuadrículas mineras, la inversión por cuadrícula minera será de 159.168 euros». Por su parte, en Minorbis, su presupuesto total es de 7.146.405 euros, siendo 53 las cuadrículas mineras investigadas, «por lo que la inversión por cada una de ellas será de 134.838 euros». El concurso se resolvió por el estrecho margen de 75,9 puntos de Minorbis sobre cien frente a 73,6 puntos de Emerita.

Tráfico de influencias

El auto judicial hace referencia también a posible tráfico de influencias y el atestado de la Udef refiere una intervención del secretario general de Industria, Vicente Jiménez, sobre las empresas para que fusionaran los proyectos, extremo que éste negó, explicando que desde la Junta se habían hecho muchas llamadas para dar a conocer el concurso. No solo los sindicatos de funcionarios han salido en defensa de los miembros de las mesas de contratación y valoración puestos en solfa. Fuentes del sector afirman que los altos cargos gozan de muy buen concepto dentro del sector, tanto por su gestión diaria como por su apuesta por el desarrollo de la minería y creen que no aceptarían presiones: «Son técnicos hipercualificados que no juegan con su carrera profesional y que mandarían a paseo a cualquiera que les pidiera cambiar un baremo, es gente muy quisquillosa». Incluso Economía mantuvo aislada a las mesas para que no hubiera dudas.
Tampoco se da peso al argumento acerca de los contratos de Magtel, la empresa socia local de Grupo México, con la Junta. Magtel tiene una larga trayectoria durante la que ha recibido ayudas de diferentes administraciones. La compañía abrió una división minera en 2013.
No así Emerita Resources, constituida en 2012 con sede en Sevilla y capital canadiense, del fondo de inversión Forbes&Manhattan, y algunos socios locales, como el grupo Morera Vallejo o un laboratorio minero. Emerita, que posee licencias mineras para proyectos auríferos en Extremadura y Asturias, ha hecho un gran esfuerzo por lograr la concesión y se ha rodeado de profesionales de reconocido prestigio en el sector. Forbes&Manhattan es una gran firma, con más de cien sedes en todo el mundo, y se le considera un referente en poner en marcha proyectos mineros.
Expertos consultados no creen que su intención fuera conseguir la adjudicación para venderla, pero sí hacen ver que en los procesos de puesta en marcha de una explotación minera hay muchas fases y los cambios de titularidad son frecuentes. No obstante, la empresa no suelta presa y piensa continuar el proceso judicial hasta el final. Su abogado, Ramón Escudero, pedirá a la jueza que tome declaración a los representantes de Grupo México, especialmente a Germán Larrea, presidente del grupo.
Escudero afirma que «Grupo México todavía no ha aparecido por aquí», pero fuentes de la empresa indican que mantiene «una postura de respeto ante el proceso administrativo y de cautela ante el auto ». Grupo México hizo público un comunicado en el que defendía la legalidad de su actuación. También piden celeridad los empresarios del sector. Grupo México está considerada la tercera compañía minera del mundo, una de las principales productoras de cobre y la cuarta en el conjunto del país centroamericano. Cotiza en las bolsas de México y Nueva York y se presenta como empresa líder en transporte e infraestructuras. Tiene 30.000 empleados solo en América.